El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se reunió con la mesa de enlace y otras entidades para analizar medidas de beneficio impositivo y crediticio para mitigar los daños de la sequía en el sector agropecuario. Las mismas serán anunciadas el próximo miércoles 1° de febrero por el ministro de Economía, Sergio Massa.
En representación de las 4 entidades de la mesa de enlace, asistieron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, su par de Coninagro, Elbio Laucirica, el secretario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Odriozola y el asesor técnico-económico de la Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Surt.
En tanto, también participaron la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), que integran la Mesa Agroalimentaria.
Al término del encuentro, del cual también participaron técnicos de la AFIP y del Banco Nación, los ruralistas se refirieron a cuáles son sus expectativas de cara al futuro.
Chemes aseguró que trabajaron en detalle las medidas impositivas y crediticias que, en forma general, dialogaron el viernes pasado con Massa en el INTA de Castelar.
Al respecto, Laucirica destacó que los funcionarios del Gobierno se mostraron dispuestos a sentarse a discutir las principales necesidades del sector. “Los vi muy predispuestos, tanto a la AFIP como al Banco Nación, para buscar agilizar las medidas para el alivio fiscal o el acceso a créditos que venimos pidiendo”.
El dirigente dijo que pidieron la conformación de un Comité Federal de Emergencia para tener un ámbito permanente de discusión. “También pensamos que debería estar presente el ministerio de Trabajo por el tema de las contribuciones (patronales). En definitiva, queremos que se agilice la ayuda, porque notamos mucha lentitud para que les lleguen las soluciones a los productores”.
Odriozola coincidió en que “es fundamental” que se les dé una rápida respuesta a los reclamos del agro. Por eso, resaltó que es importante que se hagan las declaraciones de “emergencia agropecuaria” en las regiones afectadas. “Bastante de estas cosas están incluidas dentro de la Ley de Emergencia, pero el problema es que se instrumentan uno o dos años después”.
Asimismo, reclamó “postergar los pagos de las cargas sociales y los aportes patronales, sobre todo, en las economías regionales, donde tienen mucho peso”, aseveró.
Por su lado, Chemes agregó que también se reiteró el histórico reclamo de rebaja de las retenciones y la eximición del adelanto del impuesto a las Ganancias.
“Se tocó todo lo que refiere al tema impositivo, incluso que queden exentas la zona de desastre, la necesidad de eliminación de retenciones, la reapertura total del mercado de carne y la unificación cambiaria. Si bien hay un escenario de emergencia, de ninguna manera dejamos de lado todos estos otros aspectos, que deben atenderse, porque así no necesitaríamos medidas de emergencia tan profundas como las que estamos pidiendo”, enfatizó.
Por último, Laucirica dijo que esperarán a las medidas concretas que se anuncien el próximo miércoles 1° de febrero para emitir un juicio de valor sobre si son suficientes o no para paliar la crisis que se vive en el sector.
Los reclamos del campo
Al término de la reunión, la Sociedad Rural difundió un documento con algunos de los reclamos concretos que desde la entidad planearon durante el encuentro con Bahillo.
En ese sentido, señalaron que se deben acelerar las declaraciones de “Emergencia y Desastre” a nivel local, provincial y nacional.
Según consideraron, eso será necesario para instrumentar las prórrogas de los vencimientos del pago de algunos tributos y la suspensión de anticipos de Ganancias, pago a cuenta extraordinario de Ganancias y Bienes Personales. En estos últimos dos casos, con vencimiento al 14 de febrero.
También mencionaron que las declaraciones de emergencia son necesarias para eximir del pago del impuesto sobre los bienes personales y postergar tributos provinciales como el Inmobiliario Rural, próximos a vencer su primera cuota: en la provincia de Buenos Aires, el 9 de marzo; Santa Fe, el 22 de febrero; Córdoba, 10 de febrero, y Entre Ríos (11 de abril). Como así también exceptuar de Ingresos brutos a las actividades primarias y locales (tasas viales).
También consideraron necesario que se suspendan las retenciones de IVA en las liquidaciones de ventas de granos, carnes y lácteos, al igual que en los Insumos (fertilizantes, agroquímicos y semillas) para la campaña 2023/24. “Esta medida debe ser instrumentada desde los orígenes de la cadena (importación)”, consideraron.
Asimismo, reclamaron una prórroga de vencimientos de créditos a productores en emergencia y evitar que esta situación afecte sus clasificaciones crediticias.
Además, mencionaron la necesidad de recomponer los activos y el capital de trabajo y de impulsar líneas de préstamos (pueden ser también a valor producto) a tasas accesibles, con un plazo de gracia “acorde al tiempo de recomposición que demandará el ciclo productivo”.
En ese sentido, pidieron derogar la comunicación del Banco Central que limita los créditos a quienes tengan más de un 5% de su producción en stock de soja y trigo. Como así también el retiro de la tasa de interés de un 20% adicional para quienes tengan más del 5% de la soja cosechada. Además, solicitaron la postergación de los vencimientos de las tarjetas rurales Agro-Nación del Banco Nación y Pro-Campo del Banco Provincia.
