Las negociaciones entre las empresas y el Gobierno para acordar un sendero de precios en los productos de consumo masivo por cuatro meses continúan. Ahora, el ministro de Economía, Sergio Massa, interviene de manera directa en los casos críticos durante encuentros mano a mano con titulares de firmas en su despacho. El diálogo se tensa, el Presupuesto prevé una fuerte suba de las multas por incumplimiento de las normas de mercado. El viceministro Gabriel Rubinstein asistió el miércoles al Congreso y ratificó que apuntan a que la inflación converja al 4% mensual, que además es el tope de incrementos que sugieren a los fabricantes para las listas que envían a los supermercados.
El monitor diario que tiene la Secretaría de Comercio marca en tiempo real los incrementos de precios de productos claves en la canasta básica. Cuando hay saltos bruscos que llaman la atención, el secretario Matías Tombolini levanta el teléfono y pide explicaciones. Pero ahora Massa decidió involucrarse de manera directa en reuniones uno a uno para los casos críticos. Como sucedió el miércoles por la tarde, cuando recibió en el quinto piso del Palacio de Hacienda a una firma que fabrica productos de limpieza e higiene personal.
Esas reuniones, cuentan en el entorno del ministro, son las más duras. Suceden cuando alguna empresa está incrementando sus precios muy por encima de los movimientos del sector. Señalan subas que superan incluso el 120% en lo que va del año. Massa los espera en su despacho con un informe que detalla los incrementos, pero también el nivel de acceso a dólares con cotización oficial y otros datos vinculados a cada firma.
Esos cruces se dan mientras el Gobierno negocia el acuerdo para llegar a una amplia canasta de productos de consumo masivo con precios fijos por cuatro meses. Las firmas del sector dicen incluso que el pedido oficial es incluir prácticamente todos los artículos que producen. Por lo que piden limitarla a lo que consideran consumos básicos. El otro reclamo apunta a la estructura de costos. “Si nosotros congelamos, también deberían congelar los proveedores de insumos difundidos y la logística. Si no, es inviable”, reclamaron fuentes de la industria.
En las últimas horas y ante la cercanía del lanzamiento, que sería en diciembre, el diálogo se tensó. La secretaría de Comercio instó a la Comisión de Defensa de la Competencia a iniciar una serie de investigaciones por abuso de posición dominante, lo que fue tomado por las cámaras sectoriales como una especie de “amenaza”. Además, se incluyó en el presupuesto 2023 un fuerte incremento en las multas por incumplimientos, cuyo techo pasará de $5 millones a $238 millones.
De todas maneras, una multinacional consultada por Ámbito mostró voluntad para adherir al plan y reconoció que “las empresas que no participen van a quedar demasiado expuestas”. En el Gobierno remarcan que se busca acordar y que a quienes se sumen se les dará previsibilidad con respecto al tipo de cambio a través del “canal verde” de la Aduana, que otorga prioridad en el acceso a importaciones.