Mientras el Gobierno hace equilibrio en una línea muy delgada entre el cumplimiento de las restrictivas metas fiscales y monetarias exigidas por el Fondo Monetario Internacional y que la situación social no le explote en las manos, desde el ala izquierda del Frente de Todos tensan la cuerda y le exigen que honre el compromiso de volcar recursos para los sectores más necesitados.
El Frente Patria Grande de Juan Grabois, que antes del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner había amagado con romper con los bloques legislativos del Frente de Todos, suma presión al Ministerio de Economía para que de una vez por todas cumpla con la promesa de lanzar un refuerzo de ingresos o IFE 5, un bono por encima de los 50.000 pesos (a pagar en tres cuotas en octubre, noviembre y diciembre).
Esa iniciativa tiene como finalidad que cerca de dos millones de personas sin ingresos, que no reciben otras ayudas del Estado, puedan tener acceso al equivalente a una Canasta Básica Alimentaria.
Este bono se iba a instrumentar a partir de lo liquidado por el famoso "dólar soja", que acumuló cifras récord y finalizó el 30 de septiembre.
Pasados más de quince días desde el vencimiento del programa, el Gobierno sigue estirando la mecha de la incertidumbre y no ofrece un horizonte claro sobre la fecha de implementación.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois puso como ultimátum esta tercera semana de octubre antes de salir a la calle a protestar.
La presión de este sector de la coalición oficialista tomó impulso a partir de la última declaración pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el 28 de septiembre pasado, cuando le hizo una clara advertencia al ministro de Economía, Sergio Massa, al señalar el aumento de los niveles de indigencia según la última medición del INDEC, lo cual a su criterio evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos.
En este sentido, la jefa del kirchnerismo recalcó que "es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia". Ese "instrumento" había sido anunciado por Massa el 4 de septiembre cuando lanzó el "dólar soja", pero quedó en el plano de la promesa y de alguna manera la ex presidenta se lo reprochó públicamente.
La vicepresidenta ya había dado el visto bueno a la idea de un ingreso básico universal cuando la fuerza política de Grabois lanzó la campaña pública, en los tiempos en que se libraba una verdadera batalla de posiciones dentro del Gobierno con el entonces ministro Martín Guzmán.
Con la llegada de Sergio Massa y su programa de estabilización económica, el kirchnerismo bajó y enrolló esa bandera, y el pedido del Salario Básico Universal se hizo mucho más tenue, casi imperceptible. También se desinflaron propuestas alternativas como el refuerzo de ingresos que presentó en el Congreso la senadora ultraK Juliana Di Tullio.
El último tuit de Cristina Kirchner reflotó el debate, incómodo para la cartera económica, que hasta ahora solo sacrifica cuantiosos recursos fiscales para concederles privilegios a los sectores que más concentran la renta como el cerealero, el automotriz o el de la Economía del Conocimiento.
El diputado nacional, presidente del peronismo bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, no disimuló su encono cuando cuestionó públicamente que sectores del Gobierno se hagan "los guapos" con los trabajadores del neumático, a los que Massa acusó de intransigentes en el conflicto ya resuelto con sus patronales, mientras que se claudica contra las apetencias del sector cerealero, al darles un dólar de privilegio a cambio de las liquidaciones.