La Aduana detectó que una firma argentina importó 10.745.000 guantes de látex de manera irregular y, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.
Según informaron desde la Aduana, en un procedimiento realizado por agentes especializados del organismo de control y la AFIP, detectaron que la mercadería -que se encontraba en un depósito de la Zona Franca La Plata- había sido declarada a un valor alto para el tipo de producto que involucraba.
En este marco, informaron que mientras que el precio unitario que figuraba en la operación era de US$ 0,51, la Aduana consideró que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- era más cercano a los US$ 0,085 (US$ 8,5 por caja de 100 unidades), lo que representaba una sobrefacturación del orden del 600%.
Indicaron que la maniobra resulta "especialmente grave" ya que se aprovechaban de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 333/2020 había exceptuado a los guantes y barbijos de uso médico del pago de derechos de importación.
Desde la Aduana destacaron el impacto que este tipo de maniobras tiene sobre las reservas de divisas, ya que el pago arancelario de la operación es nulo.
En este sentido, Guillermo Michel, director general de Aduanas, afirmó que “debemos cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera”.
Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil. A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.
En el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de US$ 1.7 millones en barbijos de uso médico, que, sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, por un monto total de US$ 6.2 millones.
La denuncia presentada por la Aduana dio lugar a una causa penal que quedó radicada en el Juzgado en lo Penal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak.
En la misma se investigan los delitos de contrabando y violación a la Ley Penal Cambiaria.
Las medidas ordenadas por la justicia implicaron el allanamiento de domicilios vinculados a las empresas y el secuestro de teléfonos celulares, en un trabajo conjunto entre la DGI y ARBA.
Además, la Aduana solicitó a la justicia que, a través de la UIF, se activen los mecanismos de intercambio de información a las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen), Uruguay (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo —Senaclaft-) y Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo —LA/FT-).