Este fin de semana, el Gobierno estima finalizar el nuevo esquema de tarifas para el consumo familiar de electricidad y el gas natural que se aplicarían a partir de septiembre, el cual busca que los usuarios con más poder adquisitivo del país -a partir con más de $364.759 de ingresos del grupo del hogar- dejarán de recibir subsidios y pasarán a pagar la tarifa plena en forma gradual. El resto seguirá recibiendo aporte estatal, pero diferenciado y con un tope según el uso mensual o bimestral.
En declaraciones radiales, la secretaria de Energía Flavia Royón, señaló que están trabajando contrarreloj y confirmó que quienes dejen de recibir subsidios, tendrán tarifa plena en tres tramos mientras que la tarifa social no sufrirá actualización.
La segmentación de tarifas -donde el nivel subsidio está vinculado a la capacidad de pago del usuario- es central para que Economía pueda cumplir con el recorte del déficit fiscal, uno de los puntos acordados con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno intenta implementarlo, sin éxito, hace dos años. Pero las internas en el área de Energía, entre el ex ministro Martín Guzmán y un grupo de funcionarios con línea directa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, demoraron su puesta en marcha.
Con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y la salida de los funcionarios que más resistían la implementación de aumentos y quita de subsidios -entre ellos Federico Basualdo, ex subsecretario de Energía Eléctrica- la implementación de la segmentación ya es un hecho. Aunque con algunos cambios respecto a los intentos anteriores: los que sigan recibiendo subsidios tendrán un tope. Si lo superan, a partir de ese consumo comenzarán a pagar tarifa plena.
Lo que resta definir es cuáles serán esos topes para el gas y para la electricidad. Fuentes oficiales adelantaron que el retraso en la implementación del nuevo esquema se debe a que intentan definir topes diferenciados por zonas, de acuerdo a los consumos: en las zonas frías se consume más gas y en muchas provincias se consume más electricidad porque no hay servicio de gas natural por redes. Todos esos factores se tendrán en cuenta para definir el nuevo esquema.
De acuerdo con información del sector, en el AMBA, el consumo mensual promedio se encuentra en torno a los 300 a 320 kWh. Pero el factor estacional es clave: el pico de consumo de este año, por ejemplo, fue en febrero. Fuentes de las empresas recordaron que la quita de subsidios aplica al costo de la energía y no al valor agregado de la distribución (VAD), que es diferente según cada jurisdicción, lo que genera grandes brechas en el precio final entre usuarios de diferentes provincias.
En el caso del servicios de agua que brinda la empresa Aysa, ya hubo un incremento de 20% a partir de julio y habrá un 10% acumulativo en octubre (una suba total del 32% para el 2022, por debajo del caso del gas y la electricidad). En septiembre se comenzará a aplicar la segmentación también para ese servicio, aunque no se definió si se usarán los mismos datos del formulario que se completó para los subsidios de gas y electricidad.
El formulario para mantener los subsidios fue completado por los titulares de 9 millones de hogares. Del total, unos 400.000 no cumplieron con algunos de los requisitos para mantener el aporte estatal. Por otro lado, se estima que unos 4 millones de hogares no ingresaron sus datos, posiblemente porque excederían el nivel de ingresos para contar con la tarifa subsidiada o por no contar con información o el canal de acceso para declarar su estado de ingreso.
Royón señaló que mucha gente no tiene acceso a Internet para llenar el formulario y destacó que “hay un segmento de vulnerabilidad que aun no se anotó”, según dijo a Radio Mitre. “Quiero ser prudente y seria para contemplar el universo de casos medios y que aún no se anotó”
Hasta ahora, la estimación oficial es que de los 9 millones de usuarios que pidieron mantener los subsidios, cerca de 1,8 millones superan los consumos mensuales de 400 kwh y tendrán incrementos cuando pasen ese tope. Así se suman a los 4 millones que no pidieron subsidios y dan un total aproximado cercano a los 6 millones de hogares.