El Gobierno imputó a 95 empresas de todo el país por haber incluido tasas de manera indebida en las facturas de servicios públicos de electricidad, agua o gas e incumplir una resolución oficial firmada en octubre. La medida fue tomada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones. Se trata de uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma. Las imputaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos. Las compañías tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo y, una vez que se cumpla ese plazo, serán plausibles de ser sancionadas con multas que alcanzan hasta los $2130 millones. Entre las empresas imputadas hay compañías de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.