El gobierno de Javier Milei dará en las próximas semanas pasos claves para su objetivo de privatizar las concesiones de los ferrocarriles que actualmente opera la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones (Sofse) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero también las de larga distancia. El proceso para llegar al traspaso al sector privado lo encabeza el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien espera tener listos los pliegos de la licitación para principios del año que viene.
En ese sentido, varias fuentes oficiales afirmaron que hay empresas interesadas que hicieron sondeos informales sobre las condiciones del proceso pero no quisieron precisar los nombres.
Cinco de las siete líneas de trenes que operan en el AMBA están controladas por Sofse: Belgrano Sur, Mitre, Roca, Sarmiento y San Martín (además del Tren de la Costa). La Urquiza es operada por Metrovías SA, del Grupo Roggio, que también tiene la concesión del Subte y la Belgrano Norte por Ferrovías, del empresario Gabriel Romero. Estas últimas fueron privatizadas en los 90 durante el gobierno de Carlos Menem, mientras que sus contratos vencieron en 2017 y 2018, respectivamente, pero desde entonces fueron prorrogados ininterrumpidamente.
La última prórroga vence este mes y el gobierno las extenderá en los próximos días por al menos un año a través de una resolución que se publicará en el Boletín Oficial. Según explican en Transporte, la idea es que eso no impida avanzar en el proceso de licitación a un nuevo concesionario y, al mismo tiempo, evitar que se interrumpa el normal funcionamiento del servicio.
En el caso de Sofse, empresa estatal que tuvo el mayor déficit operativo en 2023, solo superada por Energía Argentina (Enarsa) y que está sujeta a privatización tras la sanción de la Ley Bases, el objetivo oficial es primero mejorar la red ferroviaria. Esto implica primero ponerlas en valor para que existan interesados en quedarse con el negocio con la nueva licitación, aunque también es el caso de las dos que están en manos privadas.
El gobierno declaró la emergencia ferroviaria en todo el territorio nacional en mayo a través del Decreto 525/2024, después del choque de trenes de la línea San Martín en Palermo que dejó más de 90 heridos. Allí se asignó un presupuesto de casi $1,3 billones para el “fortalecimiento del sistema ferroviario nacional”, de los cuales se imputaron $350.000 millones para el ejercicio 2024 y cuya distribución se iba a otorgar en línea con los planes de obras aprobados por el gobierno.
Las empresas del sector ya presentaron sus planes y próximamente la secretaría de Mogetta dará a conocer la distribución de los fondos. El foco estará puesto en la compra de repuestos para las unidades, priorizando la seguridad como en el caso de los sistemas de frenado automático. A finales del mes pasado el Banco Central flexibilizó el cepo para la compra de “repuestos y materiales necesarios para mantenimiento o mejoras en seguridad operativa” autorizadas por Transporte.
El deterioro en la red ferroviaria no es algo nuevo en la Argentina, sino que lleva años. La oposición acusó al gobierno por el accidente de Palermo en el marco del ajuste fiscal que lleva adelante mientras que la versión oficial es que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) alerta por el “abandono” de las líneas previo a la gestión Milei.
Sofse opera 6 líneas que agruparon en 2023 el 85% de las 335 millones operaciones de pasajeros, según la CNRT. La empresa estatal cuenta con 23.302 empleados, de los cuales 22.235 están bajo relación de dependencia, 1.051 fuera de convenio y 34 con otro tipo de contratos, tal como se desprende del último informe del Indec sobre “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades” correspondiente a julio.