Desde este 1° de junio, el Gobierno avanzará en una etapa de transición hacia la quita generalizada de los subsidios a las tarifas de luz y gas, que hoy alcanza a unos 10 millones de usuarios residenciales de todo el país, con ingresos familiares de hasta $2,8 millones. Apunta a que, en un período de seis meses, se pague el costo total de la energía y que haya un esquema de asistencia estatal a usuarios “que realmente lo requieran”.  Mientras define el esquema gradual para retirar los subsidios, y con el objetivo de mantener controlada a la inflación, el Ejecutivo volverá a congelar los aumentos de tarifas que reciben las distribuidoras de luz y gas en junio. En paralelo, mediante el decreto 465 publicado, se determinó “la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible”. Fijó además una serie de objetivos y tareas que tendrá la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, sobre el mecanismo a aplicar. Pero aun con ese anuncio, tanto entre los usuarios finales como en las empresas encargadas de facturar los consumos de luz y gas de todo el país (las distribuidoras) hay muchos interrogantes sobre la manera en que se quitarán los subsidios y quiénes podrán acceder a lo que el Gobierno denomina una Canasta Básica Energética (CBE), que contemple las necesidades esenciales de consumo de electricidad y de gas de los hogares según su ubicación y época del año.