Uno de los precios que nunca dejó de subir este año fue el costo de las prepagas. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei -y antes también- las empresas del sector aumentaron la cuota de manera regular. Esta situación se potenció con la desregulación de la economía del gobierno actual.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió a las empresas de los excesos en los valores de las cuotas e incluso expresó el deseo de reunirse con los principales directivos para alcanzar un acuerdo. Pero la Justicia tomó la iniciativa, frenó los aumentos, ordenó la devolución del dinero extra cobrado los últimos meses y que actualicen los valores según la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
En este escenario, las prepagas analizan los pasos a seguir. Y todos los caminos conducen a la apelación. “Seguramente apelemos la medida. Siempre que exista la posibilidad de esa instancia lo hacemos”, señalaron a TN desde una de las empresas más importantes del sector.
“Se cumple con lo que dice la Justicia”, afirmaron a TN desde Swiss Medical. “En los próximos 5 días hay que presentar el plan”, agregaron, aunque aclararon que “la causa puede después seguir su camino, pero ese es otro tema” en referencia a una posible apelación.
“Es un golpe extremadamente duro, que pone el borde del nocaut a varias compañías”, reconoció a este medio una de las prepagas líderes del mercado. “Con la cuota congelada hasta fin de año y tener que ir devolviendo lo que se cobró por encima de la inflación será muy difícil”, remarcaron. “Es un escenario muy complicado, van a quedar muchas empresas al borde de la quiebra. Hay que ver cuántas van a poder bancar”, añadieron desde otra compañía.
El dato es que el sector de la población que accede a la medicina prepaga representa aproximadamente el 15% del sistema de salud: cerca de 6 millones de personas. De caerse buena parte de las empresas del sector, gran parte de ese porcentaje se volcaría al ya colapsado sector público. Esto es lo que argumentan desde las compañías que ven hoy esta resolución como algo que las perjudica.
Desde las prepagas sostienen que su sistema, “con falencias, funciona, mientras que el público está desbordado y allí debe ponerse el foco de atención”. Lo mismo con las obras sociales del Estado.
El fallo de la Justicia deja sin efecto los aumentos desde el 1 de diciembre de 2023 en adelante. Además, retrotrae la cuota hasta esa fecha y deberá actualizarse según el IPC. También fija un plazo de cinco días para que las empresas de medicina prepaga presenten un plan donde digan cómo le van a devolver lo cobrado de más a la gente.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, señalaron en un comunicado difundido este viernes que “con el DNU 70/2023, el Gobierno Nacional desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas e impulsar la libre competencia entre los distintos actores”.
Agregaron que “pese a esto, en los últimos meses muchas empresas del sector, aprovechándose de la situación privilegiada a la que accedieron por los subsidios que recibieron en los últimos años, quisieron compensar atrasos en los precios, producto de acuerdos que tenían con el gobierno anterior de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados”. Y sentenciaron: “estas decisiones, consensuadas entre las principales empresas, atentaron contra millones de argentinos y volvieron a poner en jaque al propio sistema de salud del cual son parte”.
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