La restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría (empleados en relación de dependencia) que impulsa el Gobierno trajo aparejado un conflicto sobre el último trimestre del año pasado, cuando el tributo no fue cobrado por una decisión que tomó Sergio Massa y que se tradujo en un decreto presidencial. La cuestión se remonta a 2023, cuando Sergio Massa envió el proyecto de ley para que los trabajadores en relación de dependencia no paguen el gravamen en el período fiscal 2024. En paralelo, se publicó un decreto en el que se le indicaba a la AFIP no retuviera el Impuesto a las Ganancias durante los últimos tres meses del año.  El conflicto radica en que nunca se ratificó por Ley la decisión de no retener el impuesto sobre los últimos meses del año pasado. Y las nuevas escalas que se aprobaron tienen vigencia desde 2024. Por lo tanto, el Gobierno podría reclamar el pago de esos tres meses que no se abonaron, ya que eso afectó los ingresos de las provincias, dado que se trata de un impuesto coparticipable. El Gobierno de Javier Milei había encontrado la “solución” a ese desequilibrio en el proyecto de Ley de Ingresos Personales, que envió al Congreso dos días antes de que fracasara la Ley Ómnibus. La iniciativa ratificaba lo hecho a fines de 2023 y establecía un nuevo piso para la cuarta categoría, de $1.250.000 para los solteros y de $1.815.000 para los casados con dos hijos y cónyuge a cargo. De esta manera, más trabajadores pagaban Ganancias. Ese proyecto fue retirado del Congreso cuando la Ley Ómnibus no se aprobó. Los tributaristas calculan que las deudas serían de al menos $500.000 por contribuyente, por salarios pagados por alrededor de $2200 millones.  El contador Sebastián Domínguez explicó a la prensa que legalmente el Gobierno está en condiciones de cobrar de manera retroactiva el Impuesto a las Ganancias para saldar las deudas del último trimestre del 2023. Sin embargo, consideró que es difícil que lo haga.