Apenas dos semanas después de recibir el fallo favorable a su reclamo, y a una semana desde la sentencia definitiva contra la Argentina en el caso por la expropiación de YPF, el fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loretta Preska, que le permita en 30 días (contados desde el viernes 15) comenzar a embargar activos del país ante “las declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la sentencia”.
La solicitud encendió las alertas respecto de qué bienes o cuentas pueden llegar a estar en la mira del fondo demandante como garantía para cobrar los US$16.000 millones, o al menos negociar. Y recuerda lo que sucedió con los bonistas que no entraron al canje de deuda y a los que el juez Thomas Griesa les dio la razón en 2014 por el perjuicio del default argentino de 2001 y que la Argentina tuvo que pagar dos años después.
En principio, el pedido de Burford acelera un poco los tiempos de un caso que, los conocedores de los procesos judiciales en Estados Unidos adelantaban, tendría un largo recorrido y consideraban más que probable que Burford iba a esperar a ver los movimientos de la Argentina e, incluso, aguardar a la definición de las elecciones generales del 22 de octubre.
Pero el litigante le ganó de mano a la defensa local que encabeza la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini. Apenas conocido el revés judicial, el Gobierno anticipó que apelaría la medida. Pero de momento no hubo presentación.
Tampoco, al menos hasta el viernes cuando se conoció el reclamo de los demandantes, el país avanzó en un pedido ante la propia Preska que le permitiera evitar posibles embargos ante la crisis económica y financiera que atraviesa el país. Ese argumento había sido tomado como aceptable en un tribunal del Londres en agosto, recordó el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril.

¿La Argentina tiene activos susceptibles a un embargo?
Antes del fallo de Preska en el juicio por la estatización de YPF, el asesor financiero había planteado que los fondos demandantes podrían, si la Argentina apelaba, intentar el camino del embargo como garantía de cobro o mecanismo de presión para que nuestro país pague o al menos se siente a negociar.
El pedido de este viernes, acelerando los tiempos, y los antecedentes contra la Argentina parecen indicar justamente el segundo camino. Es que el país no tiene muchos activos en el exterior sin inmunidad soberana.
Tal vez el nuevo avión presidencial (ARG-01). O alguno de los que son parte de la flota de Aerolíneas Argentinas, pero no los que aterrizan en Miami o Nueva York, porque son alquilados a una firma irlandesa, señaló el analista financiero.
También, como informó TN, Burford podría intentar hacer un reclamo directamente contra YPF, que fue exonerada en una instancia judicial anterior.

Los antecedentes de pedidos de embargo contra la Argentina
El pedido de Burford tras ganar el juicio por la expropiación de YPF recuerda al de NML Capital, es el fondo buitre controlado por Elliot Management, de Paul Singer, por la deuda en default de 2001.
Le ganaron en 2012 una demanda a la Argentina en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York de Griesa (tras fallecer fue reemplazado por Preska), que la el país apeló sin éxito, primero ante la Cámara de Casación y luego en la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. Finalmente, en 2016, el gobierno de Mauricio Macri acordó el pago de Us$2280 millones con la emisión de bonos.
En medio de esa disputa, los demandantes buscaron por todo el mundo activos susceptibles de ser embargados y encontraron varios. El más resonante fue el embargo de la fragata Libertad, que estuvo 77 días detenida en el puerto africano de Ghana, entre octubre y diciembre de 2012, hasta que el Tribunal del Mar obligó a liberarla.
Pero también intentaron ir por algunos inmuebles. La residencia del embajador en Washington y otra decena de propiedades argentinas en los Estados Unidos fueron blanco de los intentos de embargo de los fondos demandantes.
Buscaron la misma medida sobre la casa-museo donde vivió el general José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, en Francia. Incluso, se intentó un embargo sobre el satélite Acquarius SAC-D, que la Argentina lanzó al espacio en 2011.
En esos años, la Justicia finalmente desestimó los pedidos de embargo sobre embajadas y propiedades del Estado argentino en el exterior. También negaron embargos sobre activos del Estado que estén en bancos argentinos en Estados Unidos, como los depósitos del Estado en sucursales del Banco Nación en EE.UU. (Nueva York o Miami, o la propia cuenta que el Banco Central tiene en la Reserva Federal).