A dos semanas del vencimiento de todos los acuerdos de precios enmarcados en el programa Precios Justos, la Secretaría de Comercio culminó las reuniones con más de 400 empresas de 11 sectores para cerrar nuevas negociaciones hasta noviembre. De palabra, las compañías cumplen: en el caso de las empresas de consumo masivo, actualizaron los listados de precios al 5% mensual promedio. Sin embargo, en septiembre pedirán renegociar el tope de aumentos, con el argumento de la devaluación del 22% del tipo de cambio oficial, y hay resistencia a dejar por escrito la firma del convenio que piden desde el Ministerio de Economía.
El martes 15 de agosto vencieron todos los acuerdos de precios en el marco de Precios Justos. Fue dos días después de las elecciones primarias, que dejaron a Unión por la Patria en tercer lugar, y un día después de la devaluación del 22% del oficial. Por lo que las condiciones políticas y económicas llevaron a las negociaciones a extenderse y friccionarse más que lo habitual.
A casi tres semanas del vencimiento, en la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Matías Tombolini, aseguran que ya terminaron las reuniones con más de 400 empresas y hubo acuerdo. Solo esta semana, en Roca 651, donde se ubica el ex Ministerio de Producción, hubo un desfile de más de 300 empresas en el segundo piso, donde está la Secretaría. “Hubo acuerdo en el nuevo modelo del acuerdo, la duración y los beneficios, ahora queda la etapa final de la firma de la adenda”, comentaron fuentes oficiales.
De palabra, hay formalizados tres acuerdos: congelamiento de precios de naftas hasta noviembre, tras un aumento del 12,5% en agosto, y tope de aumento del 5% con laboratorios y empresas de consumo masivo. Hay otros sectores, como el calzado, indumentaria, línea blanca, motos, celulares, insumos difundidos, y pequeños electrodomésticos que “renovaron su compromiso” con Precios Justos, según dijeron desde el Gobierno, pero no difundieron la letra chica de cuál será la pauta de aumento. Según explicaron, variará en cada caso. “Habrá distintos aumentos y también distintos beneficios tributarios”, comentaron.
Nuevo round con alimenticias
Los listados de precios de consumo masivo están cumpliendo con la pauta de aumentos del 5% mensual promedio, según aseguraron desde Economía, desde los supermercados y desde las mismas compañías. Por esta vez, hubo pymes que se les habilitaron mayores subas. Para poder cerrarlo, el ministro Sergio Massa, puso al titular de Aduana, Guillermo Michel, a negociar. Con la promesa de dar cuatro beneficios tributarios y fiscales, que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial, les aseguraron que es equivalente a si hubieran aumentado otro 6%.
Si bien la pauta rige para todos los ítems de supermercados y mayoristas, hay “excepciones” de algunos productos que tuvieron mayores subas, como fue el caso de la yerba. Además, la canasta de 2.000 productos esenciales que desde el año pasado se mantenían congelados o con variaciones del 3% llegó a su fin. Se la llama “precios acordados” y significa que deberían encontrarse en cualquier punto de venta al mismo precio.
Una de las discusiones que se saldó por estos días fue cuándo se aplicaba el segundo aumento del 5%. Había empresas que querían hacerlo desde este viernes primero de septiembre. Sin embargo, Economía les solicitó que lo hicieran recién el 18 de agosto, y que se mantenga de esa forma, tal como venía.
Sin embargo, ahora arrancan dos discusiones. Por un lado, fuentes de la cámara que agrupa a las alimenticias (COPAL), revelaron el próximo pedido: “En septiembre pediremos otra revisión, para modificar el 5% y compensar el impacto de los costos de la devaluación, mientras tanto cumpliremos con la premisa del 5%”. Además, las compañías se resisten a dejar por escrito lo pautado, en un documento que les compartió la Secretaría, titulado “Convenio de compromiso de precio a suscribirse con las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo”.
Hoy son los supermercados los que terminan “monitoreando” los acuerdos, dado que aseguran no aceptar listados mayores al 5%. Por ese motivo, las discusiones pasan entre el supermercadismo y los proveedores, que pidieron bajar los plazos de pago de 30 a 7 días y realizan entregas “cuotificadas”, comentaron desde una cadena de supermercados.
La semana que viene, la AFIP publicará una resolución para implementar un nuevo sistema llamado GC1 para monitorear las subas de precios, y en los casos donde excedan lo pautado, retirará los beneficios tributarios. “Antes los controles eran en el marco de la ley de defensa del consumidor, ahora se suma un control más”, afirmaron fuentes oficiales.
