La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) rechazó los controles de precios sobre los que avanza el Gobierno para intentar contrarrestar el impacto de la devaluación sobre la inflación, que golpeó los ingresos familiares; los consideró una “imposición” y reclamó “diálogo intersectorial”. “Acatar una imposición gubernamental no es acuerdo voluntario en materia de precios”, cuestionó a través de un comunicado.
Después de la devaluación posterior a las PASO, el Gobierno anunció rápidamente el acuerdo de precios hasta octubre para contener la escalada de la inflación en los próximos meses. Sin embargo, no todos los sectores cerraron la renovación del programa y todavía mantiene reuniones. En ese contexto, las empresas alimenticias cuestionan las condiciones que imponen desde el Ministerio de Economía porque aseguran que significará un golpe muy duro para la industria.
En ese contexto, la COPAL advirtió que la renovación del programa Precios Justos “bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable” y reclamó “respuestas a los problemas planteados que atentan contra su capacidad de producción y abastecimiento”.
“Instamos al diálogo intersectorial, esperando se dé conforme al entendimiento del gran impacto que se registra en costos y prospere a un escenario razonable, teniendo en cuenta que se trata de un pilar esencial de la economía”, pidió.
Acuerdos de precios que la industria alimenticia considera “inviables”
Cuando finalizaron los acuerdos vigentes, el Palacio de Hacienda comenzó a convocar a los distintos rubros para acelerar la renovación del programa y se reunió en primer lugar con los supermercados y mayoristas. Tras algunos encuentros, el nuevo negociador oficial, el jefe de la Aduana, Guillermo Michel, habló de habilitar subas del 5% por 90 días. Durante esta semana continúan las reuniones con representantes del sector privado.
“Sobre la base de una serie de convocatorias en lo individual a un conjunto de empresas del sector, el Gobierno ha anunciado un nuevo esquema de pautas de precios que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”, denunció la COPAL.
La cámara -que representa 34 sectores del entramado de 14.500 empresas- consideró que “la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial”.
“Pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor”, dijo.
El impacto de la devaluación en la estructura de costos
De acuerdo con los datos que dio a conocer la COPAL, solamente en las últimas tres semanas, los principales costos de producción aumentaron en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto por el Gobierno. Sumó que “también se proyectan paritarias por encima del 140%”.
“Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas, que con mucho esfuerzo ha sido el único actor de la cadena de valor en absorber el impacto de este flagelo, que lejos está de ser resuelto e impacta al conjunto de la sociedad”, consideró.
Como adicional, la cámara denunció que “en un contexto de total incertidumbre para operar, el sector enfrenta dificultades de distinta índole” y entre ellas mencionó que “se registran restricciones para el acceso y disponibilidad de materias primas, insumos, bienes intermedios y bienes finales al no efectivizarse la aprobación y debido curso de las SIRAS y SIRASEs” y que “los sectores exportadores adheridos al Programa Incremento exportador han dejado de acceder al tipo de cambio diferencial que se otorgaba, ya que ha quedado desactualizado el esquema”.
También dijo que “se suman los descalces financieros y la deuda comercial fruto de los extensos plazos asignados para el acceso a divisas y pago de importaciones” y que “todo esto pone en jaque las relaciones no solo comerciales, también las que se asocian en primer lugar a la producción”.
En este contexto y bajo esas premisas, reclamó “de forma urgente a las autoridades, un espacio de diálogo efectivo que permita acordar mecanismos que arbitren sobre las posibilidades ciertas para la producción”. “Se vuelve cada vez más complejo para los distintos sectores de la industria de alimentos y bebidas, los cuales se ven imposibilitados de continuar absorbiendo, como lo vienen haciendo hasta el momento, estos impactos”, completó.
