Las medidas que oficializó el Gobierno en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no serán gratuitas en términos de efectos sobre la economía. A pesar de que en despachos oficiales presentaron el aumento sobre el dólar solidario como una “simplificación cambiaria”, los especialistas advierten que se trata de una devaluación segmentada y que el costo a pagar por las nuevas decisiones se verá en los índices de inflación de los próximos meses.
El Fondo informó que se alcanzó un “principio de acuerdo” sobre los términos técnicos del entendimiento, aunque esta es una señal que luego deberá convalidarse para dar por cerrada formalmente la quinta revisión. Después del mensaje del organismo, el equipo económico avanzó con las medidas, que incluyen una suba en el precio del dólar solidario o ahorro, -que quedará unificado con el dólar tarjeta y llevará un 75% de recargo por percepciones-, una extensión del Impuesto PAÍS sobre las importaciones de bienes (7,5%) y servicios (25%), y la implementación de un nuevo tipo de cambio a $340 el agro para incentivar las exportaciones.
Estas disposiciones apuntan a desincentivar las importaciones y estimular las exportaciones para frenar el drenaje de reservas del Banco Central (BCRA) y aumentar la recaudación para compensar el déficit fiscal. De esta manera, de acuerdo con los especialistas, el Gobierno habilitó una “devaluación en cuotas” que generará traslado a precios y que pueden incluso no ser suficientes para alcanzar los objetivos planteados en términos de acumulación de reservas y mejoras fiscales.
“La idea de estas medidas es devaluar en cuotas, aplicando devaluaciones fiscales que acentúan el esquema de segmentación del mercado cambiario y la practica de tipos de cambio múltiples porque el objetivo principal del Gobierno sigue siendo evitar un escenario disruptivo asociado a un salto discreto y desordenado del tipo de cambio oficial que genere una espiralización inflacionaria, un deterioro mayor en los ingresos reales y una contracción aguda de la actividad económica que impacte en el empleo, en el marco de una compleja situación social”, analizó Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.
Los especialistas coincidieron en que las medidas implementadas por el Palacio de Hacienda generarán un inevitable traslado a precios, que probablemente comience a quedar plasmado en los índices de agosto. “Si bien el impacto es menos generalizado que el de convalidar un salto discreto del tipo de cambio oficial, la incidencia sobre los precios domésticos no va a ser inocua. Extender el dólar agro a cereales como el maíz implica encarecer un insumo relevante engordador de pollo y cerdo, mientras que aplicar un impuesto a las importaciones significa encarecer bienes e insumos utilizados en procesos productivos o consumos finales de la economía”, resumió Manoukian.
“No es más que una devaluación segmentada, pero agrega ruido a la economía. En vez de delinear una política cambiaria sostenible, el Gobierno sigue proponiendo parches. Esto es la consecuencia de la inacción durante más de dos años”, cuestionó Matías de Luca, de LCG. “Claramente va a tener efectos en la inflación, tanto por productos importados como exportables más caros en pesos, pero es menor que si se devaluara uniformemente. Es una devaluación a cuentagotas”, graficó.

¿Se alcanzarán los objetivos del Gobierno?
Cuando definieron poner en marcha las nuevas medidas, los funcionarios de Economía también hicieron cálculos sobre los ingresos proyectados para los próximos meses. A partir del nuevo tipo de cambio diferencial a $340 para economías regionales y otros cultivos, estimaron que se liquiden US$2000 millones y una suba en la recaudación de $1,3 billones o 0,8 puntos del PBI.
Sin embargo, para los economistas esos objetivos resultan difíciles de alcanzar. “Las economías regionales solo representaron el 9% de las ventas al exterior del primer semestre del año. Ahora bien, con cupo de exportación, hoy se podrían vender 4 (o quizás 6) millones de toneladas adicionales de maíz, que podrían explicar un incremento de US$840 millones en el mes de agosto. En suma, estos productos podrían significar una liquidación adicional de US$1600 millones, por debajo del objetivo de Economía”, explicó Milagros Suardi, economista de Eco Go.
“En lo que hace al impacto fiscal, el mismo rondaría la mitad de lo estimado por Economía (0,4% del producto, en lugar del 0,8% previsto). Esto incluye tanto las medidas oficializadas como el impuesto a las Ganancias para empresas con una rentabilidad mayor a $600 millones. Estimamos que los ingresos impositivos aumenten en lo que queda del año en $700.000 millones producto de estas medidas”, detalló.
Además, los analistas destacaron que las medidas no resolverán los problemas del esquema cambiario. “Generan mas costos para importar y ya no queda casi nada al dólar oficial porque casi todo tienen impuesto, salvo las importaciones para la agroindustria o la industria automotriz y algunas excepciones”, sostuvo Lorenzo Sigaut, economista de Equilibra.
La decisión de tomar estas medidas se explica básicamente en el tire y afloje para sellar las nuevas condiciones del acuerdo con el FMI, que pedía avanzar en una devaluación brusca y el Gobierno lo rechaza. Pero pese a las modificaciones de las últimas horas, aún resta definir los detalles técnicos para destrabar la negociación y que el organismo gatille los desembolsos para el resto del año.
“Las medidas son partes de una devaluación fiscal que no alcanza para restaurar el equilibrio cambiario, pero permiten avanzar un paso más en la negociación con el Fondo porque esto ya se ha dilatado mucho. En junio tendrían que haber llegado los desembolsos y no queda claro que incluso con un staff level (acuerdo técnico) los desembolsos lleguen dos semanas después. Marca el complejo momento que estamos atravesando”, concluyó Sigaut.