Las negociaciones entre el equipo económico y los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) atraviesan por un momento de particular tensión, según coinciden en señalar tanto en el Palacio de Hacienda como noticias provenientes de Washington. La línea del Fondo sigue insistiendo con la necesidad de llevar adelante medidas de austeridad, en tanto que el ministro Sergio Massa no está dispuesto poner en juego la actividad económica, según señalan en su entorno.
Uno de los aspectos centrales de los pedidos argentinos es que el país obtenga fondos adicionales. En principio, se estima que el FMI podría llegar a enviar -una vez concluido el acuerdo- unos U$S 2.000 millones – más los reembolsos estipulados.
La política fiscal es otro de los temas controvertidos. Los técnicos no aceptan la petición del equipo económico de elevar en el orden del 2,5% del PIB la meta del déficit fiscal para el año. Por el contrario, habían planteado la necesidad de una reducción a 1,6% del desequilibrio primario.
La solución a la cual estarían arribando sería intermedia: mantener el 1,9% estipulado en el acuerdo, a pesar de que la sequía también tuvo impacto en los ingresos fiscales.
Esta meta de 1,9% -de por si exigente-, implica una fuerte restricción del gasto público que resulta difícil de cumplir en medio de un proceso electoral, presunción que comparte el organismo multilateral.
Debe tenerse en cuenta que la recaudación tributaria se muestra afectada por la sequía y su impacto en las exportaciones, además la desaceleración del consumo interno por la dinámica inflacionaria. En el primer semestre del año la recaudación cayó 4,4% interanual (suponiendo una inflación de 7% para junio).
Mediante la decisión administrativa 540/23 se modificó el presupuesto nacional incrementándose los recursos en $ 21.735,0 millones y el gasto total en $ 95.641,9 millones siendo el impacto sobre el resultado financiero negativo en $73.906,6 millones.
En las negociaciones “todos juegan a hacer creer que se creen” comentan en Washington. De hecho, el acuerdo a lograr durará solo hasta diciembre. Es que, en el organismo saben que será necesario “barajar y dar de nuevo” con el nuevo gobierno.
Mientras se espera llegar a un acuerdo, el Gobierno decidió postergar los pagos al FMI por más de U$S 2.500 millones concentrándolos al 31 de julio, según confirmó un portavoz del FMI.