Argentina debe pagarle al Fondo Monetario Internacional entre el 21 y el 22 de junio unos u$s2.300 millones correspondientes al segundo vencimiento anual dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado. El dinero debería liquidarse con parte de los u$s5.300 millones que el propio organismo debería girar al país dentro del cronograma de envíos pactado. Y si bien esto último podría suceder, lo primero no acontecerá nunca.
Lo que se está negociando entre el equipo económico y los funcionarios del staff del FMI que manejan el caso argentino es que el organismo que conduce Kristalina Georgieva cumpla con el envío de los dólares, pero negociando un corrimiento de los vencimientos del año. Con esto, al país le quedarían unos u$s5.300 millones que irían a la vidriera del Banco Central. La negociación incluye además el mismo mecanismo para el tercer pago del año, que debería producirse en septiembre, con lo que el país se quedaría con unos u$s10.300 millones en la entidad que maneja Miguel Pesce.
Sin embargo, si no hubiera acuerdo en las negociaciones que diariamente mantienen vía zoom por las pantallas de Buenos Aires y Washington los hombres y mujeres de las dos costas, Argentina tampoco pagaría los u$s2.300 millones, simplemente, porque no los tiene. Entraría así en un esquema de default con el FMI; pero en los términos del organismo. Ese calificativo le correspondería de manera directa al país, pero iniciándose un proceso administrativo que podría durar seis meses, con lo que la primera sanción directa caería el 22 de diciembre, doce días después de asumido el próximo presidente.
La idea del equipo de Sergio Massa no es esta, y se asegura que los tiempos aún son cómodos. En principio, se habla de no menos de ocho días más de negociaciones directas vía zoom, hasta terminar el mes e ingresar en los primeros días de junio. Luego, ya con los términos del acuerdo básicamente cerrados, se viajaría a la capital de los Estados Unidos para cerrar el acuerdo final; en tiempo y forma para que el directorio del FMI lo trate en la reunión del la tercera semana de junio y el país no caiga en default.
Para eso, afirman las dos huestes negociadoras, sólo queda resolver un punto. El cambiario. El último round resultó la bendición desde Washington de la decisión de dejar de intervenir directamente y de manera abierta en los mercados de dólares financieros MEP y CCL. Afirman en Buenos Aires que esto cambió el clima de discusiones para esta semana. Sin embargo, aún no hay acuerdo en el aval a la estrategia de apostar al "crawling peg". Por ahora, la idea de devaluaciones puntuales y coordinadas del Banco Central no entusiasma a los analistas del FMI, que siguen duros en la posición de no enviar dólares para sostener un tipo de cambio considerado atrasado. La otra alternativa que se analiza, enviar el dinero pero con la condición de que no se lo toque y sólo queden en las vidrieras para mostrar al mundo u$s10.600 millones más de reservas, no le sirve a Sergio Massa.
Por ahora los argumentos negociadores se basan en la defensa del "crawling peg", apoyada en que un shock devaluatorio sería inflacionario; mientras que la devaluación gradual y controlada del oficial a través de aceleraciones y frenos en el alza del precio del dólar puede tener una consecuencia menor sobre el IPC. Se le explicó al FMI que el incremento de los precios en los alimentos y otros bienes, refiere a la velocidad de los dólares financieros y el Blue, pero que la aceleración de la caída de la brecha depende que estos no se escapen. Y que, en consecuencia, la articulación debe ser a través de devaluaciones pactadas del oficial, con contención e intervención directa del Banco Central. Por ahora, el FMI no negó la alternativa, pero indicó un seco "quiero ver" para saber si la estrategia comienza a dar resultado. Hasta la semana pasada, la mirada desde Washington es de duda.